La Comisión de Constitución evaluará un predictamen sobre el adelanto de elecciones generales para este año. El proyecto de ley elaborado por la propia comisión incluye diversas iniciativas legislativas relacionadas con el tema y será discutido este martes, 7 de marzo, a las 9:30 a.m.
La iniciativa busca implementar por excepción un mecanismo constitucionalmente válido que permita solventar la presente crisis política, colocando al elector como árbitro en la crisis política.
En base a las recomendaciones dadas por los titulares de los organismos electorales, se indica que el periodo necesario para el proceso electoral puede ser reducido a 230 días, sin que ello implique sacrificar garantías mínimas para comicios legítimos y transparentes.
En el predictamen se establece que las elecciones generales se realizarán el segundo domingo de diciembre de 2023, por un periodo de cinco años, es decir, no se tratará de elecciones complementarias.
Además, el proyecto indica que el presidente y la primera vicepresidenta de la República elegidos en las Elecciones Generales de 2021 concluirán su mandato el 30 de abril de 2024. El presidente y los vicepresidentes de la República elegidos en las Elecciones Generales 2023, asumirían funciones el 1 de mayo de 2024 y concluirían su mandato el 28 de julio de 2028.
Respecto a la representación nacional, los congresistas elegidos en las elecciones generales 2021 culminarán su labor legislativa el 30 de abril de 2024, asumiendo los congresistas de la República, elegidos en las Elecciones Generales 2023, funciones el 30 de abril de 2024 y concluyendo su representación el 26 de julio de 2028.
En cuanto a los parlamentarios andinos, continuarán con su labor hasta el 31 de diciembre de 2026. La elección de los nuevos representantes en dicho cargo se realizará en las Regionales y Municipales de 2026 con el objeto de salvaguardar la periodicidad.
Esta iniciativa ha generado diversos comentarios y reacciones, ya que el adelanto de las elecciones generales sería una medida inusual y excepcional en la política peruana. No obstante, algunos sectores consideran que es necesario tomar esta decisión para solucionar la crisis política que vive el país y poder avanzar en la búsqueda de una estabilidad y gobernabilidad.
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